La deuda odiosa Por José Pablo Feinmann

El golpe militar del 24 de marzo tiene dos vertientes: política y económica. No sólo se planeó un genocidio político, sino otro económicosocial: Martínez de Hoz, que viene de Acindar, se presenta como el hombre que va a terminar con “la economía dirigista” y con tal horizonte comienza a actuar basándose en las empresas. De aquí que la deuda que contrae la dictadura es por medio de las empresas.

Martínez de Hoz pone como secretario de Planeamiento a Guillermo Walter Klein quien dialoga con las empresas (las mismas a las que “les interesa el país”) y les dice que hay que pedir dinero pues hay capitales en oferta.

Había, sí, capitales: enorme cantidad de petrodólares –desde comienzos de los ‘70– confluyen en los bancos norteamericanos, los cuales deben prestarlos y los prestan a quienes los piden. La Argentina pide sin necesidad esos capitales que deriva a las empresas. Este capitalismo empresarial es el que encarna la dictadura.

La primera estafa radica en que –según la Constitución– sólo el Congreso puede pedir créditos, pero al no haber Congreso bajo la dictadura los créditos los pide M. de Hoz y se los deriva a sus amigos empresarios, quienes se enriquecen infinitamente.

¿Cómo “cierra” esto? Con Cavallo, quien en 1981 “estatiza la deuda privada”. Es, así, el país, el pueblo argentino, el que debe pagar esa deuda de la que no ha recibido un solo peso.

El esquema del robo –en resumen– sería el siguiente:
1) golpe de Estado;
2) disolución del Congreso;
3) Ministro de Economía que representa a las empresas y tiene fluidos contactos con el Fondo Monetario;
4) el Fondo Monetario le presta al “país”;
5) esos préstamos van a las empresas (algo que el Fondo Monetario, cómplice, sabe muy bien;
6) las empresas se enriquecen y quedan con un alto grado de endeudamiento;
7) que se resuelve porque Cavallo “transfiere” la deuda de las empresas al Estado, o sea, al “país”, que no era el que había recibido el préstamo.
Entretanto, el Banco Central no tiene registros de la deuda. Tal cual, no hay registros contables de la deuda en el Banco Central de la República Argentina.

Este negociado se pudo hacer porque –simultáneamente– Videla arrasaba con toda posible resistencia política y gremial. De esta forma, con la dictadura de las empresas y los militares, el endeudamiento llega a 45 mil millones de dólares. Esto hizo el neoliberalismo en la Argentina: asesinó a treinta mil personas para endeudarse por cuarenta y cinco mil millones de dólares.

Durante la dictadura militar, Martínez de Hoz actuaba sin ataduras porque no había Congreso, ya que, recordemos, era el Congreso el que debía pedir los créditos. Esto sigue igual en la democracia porque el Congreso se anula a sí mismo en beneficio del poder económico. ¿Cómo ocurre semejante cosa? Cada vez que hay que tratar el tema de la deuda y del endeudamiento externo, cada vez que hay que pedir créditos o establecer negociaciones con el Fondo Monetario, el Congreso (diciendo siempre “por esta única vez”) le deriva esa facultad al Poder Ejecutivo, que se la deriva al ministro de Economía, quien --sea Machinea o Cavallo o algún otro-- es siempre un hombre de los banqueros, un hombre del Fondo, un hombre “puesto” por el Fondo. Con lo cual la “derivación” del Congreso es una directa derivación al Fondo Monetario. Se deriva el tema de la deuda a los responsables de la deuda.

Hasta aquí he venido siguiendo algunas de las líneas centrales del film "La Mayor estafa Al Pueblo Argentino" del joven cineasta Diego Musiak sobre Alejandro Olmos, héroe solitario, ya fallecido, que consiguió que la deuda fuera declarada ilegítima. Este film se consigue, está en video y es una obligación moral verlo y reverlo considerables veces.(*)

La deuda contraída entre 1976 y 1983 (treinta y cinco mil ochocientos millones de dólares) no hay que pagarla. Tenemos para ello todos los derechos que podamos imaginar, o, sin duda, muchos más de los que se han imaginado. La cuestión que autoriza a los países del tercer mundo o deudores a no pagar las deudas contraídas por sus regímenes antidemocráticos está ampliamente estudiada .... A esa deuda se le dice odious debt. Que puede traducirse, en principio, como “deuda odiosa”.

En 1927, Alexander Sack, un implacable especialista internacional en deuda pública, la definía en estos términos: “Si un poder despótico incurre en una deuda no por las necesidades o los intereses del Estado sino para otorgar mayor fuerza a su régimen despótico, para reprimir a la población que se le enfrenta, etc., esta deuda es odious para la población de todo ese país”.

El economista Jeff King (luego de aclarar que no es “su” definición sino un resumen de todo cuanto leyó acerca de la deuda execrable u odiosa) la define con precisión: “Deudas odiosas son aquellas contraídas contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor”. Para fortalecer esta posición es necesario añadir que muchos investigadores consideran que la mayoría de las deudas odiosas o execrables de los países del tercer mundo ha sido (últimamente) contraída por gobiernos “democráticos”.
En estos casos, la “ausencia de consentimiento” propia de la población a la que se le infiere estas deudas no es tan sencillamente demostrable, aunque sí, definitivamente, se puede probar la “burla” del aparato democrático al consenso.

Pero cuando la deuda haya sido contraída por “regímenes dictatoriales”, no trae ningún problema demostrar la “ausencia de consenso”, la “ilegalidad” de la deuda y su utilización para el perjuicio y no el beneficio de la población. En suma, se trata de un “caso fácil”.

Una deuda odiosa tiene tres condiciones:
1) ausencia de consentimiento;
2) ausencia de beneficio;
3) desconocimiento o desinterés del acreedor acerca del destino otorgado a los fondos.
(Si el tan mentado por los acreedores “Consenso de Washington” no los obligaba a saber, a enterarse, a no ignorar los destinos finales de los capitales que entregaban, ese “Consenso” fue entonces la instrumentación de una de las características de la deuda odiosa. El acreedor debe estar enterado del destino que se le da a sus capitales en préstamo.)

Por ahora, desde aquí, pedimos lo más sencillo, casi lo elemental. Ningún “Consenso” de ninguna parte dice que los capitalistas pueden prestarle a un gobierno que vaya en contra de los intereses de su población. En contra de los derechos humanos. Quienes entregaron capitales a un gobierno que ejecutó una masacre, son cómplices de ella.

La “segunda condición” de la deuda odiosa también es fácilmente demostrable. ¿Qué beneficio tuvo para el pueblo argentino la deuda que el gobierno militar contrajo por medio de las empresas de Martínez de Hoz-Klein?

En suma, equipos de trabajo deben ahondar ya mismo los aspectos positivos que la doctrina de la deuda odiosa tenga para nosotros. El primero será no pagar (decididamente: no pagar) la deuda contraída sin el consenso de la población y en su perjuicio por la dictadura militar (dictatorial regime). Y luego –por supuesto– hay otras medidas: destrabar cuentas de la corrupción en Suiza y repatriarlas. Demostrar que los capitales que entraron en beneficio de la corrupción no implicaron “beneficio” para el país, incurriendo en la segunda cláusula de la “deuda odiosa”. Y decirles a los acreedores que no se burlen de nosotros: “Consenso de Washington” o no, los que le prestaban al Estado mafioso del ‘90 sabían muy bien a quién le prestaban. Y decidieron correr esos riesgos por las altísimas ganancias que los “mafiosos” les posibilitaban...

Pag12 29/11/03
(*) Para pedir una proyección y debate de este film, contactenos

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